Es evidente que el crecimiento del sector de obras civiles obedece a la dinámica que imprimen las ciudades capitales y algunos proyectos regionales.
Como una bocanada de aire fresco: así recibieron los habitantes del suroccidente del país el reciente anuncio del Ministerio de Transporte y de la ANI, relacionado con la publicación de los pliegos definitivos del megaproyecto vial El Estanquillo-Popayán. De soslayo, la noticia bien podría interpretarse como un primer paso orientado a saldar la deuda que –durante décadas– han cobrado los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, en pro de la conectividad y el desarrollo de sus municipios.
Ahora, desde una mirada con una lente más aguda, la publicación de dichos pliegos pone de presente el rol fundamental que cumple el sector privado en el momento de ejecutar proyectos de semejante dimensión. No parece asunto del azar el hecho de que el proceso licitatorio del referido corredor vial El Estanquillo-Popayán se abrirá bajo la modalidad de asociación público-privada (APP) de iniciativa pública. Es decir: sobre los hombros del concesionario ganador del proceso –en franca lid– recaerá la responsabilidad de ejecutar esta carretera que, valga recordar, demandará recursos superiores a los $ 6 billones.
Es evidente: el Estado, ‘per se’, no tiene la capacidad fiscal para asumir desafíos de esta naturaleza. Por eso resulta tan paradójico como difícil de entender que, mientras las críticas de algunos adalides del Gobierno retumban en contra de la participación privada, la propia administración Petro opte por estructurar y licitar los proyectos de infraestructura –aquellos que tocan de frente sus fibras más sensibles– mediante el modelo de APP.
Dentro del contexto de esa visible paradoja, el pasado 3 de abril el Gobierno adjudicó, por ejemplo, la iniciativa ferroviaria La Dorada-Chiriguaná, justamente, bajo el instrumento de las APP. A la luz de los hechos –acaso tozudos–, muchos se repiten hoy la misma pregunta: ¿por qué un gobierno que no muestra mayor afecto por el modelo de asociación público-privada deja en manos de los empresarios de la ingeniería sus apuestas más ambiciosas, en este caso la de revivir el modo ferroviario? Por algo será: por su incontrovertible éxito.
En fin… Por lo pronto, al margen de estos dos proyectos del resorte de la Nación (El Estanquillo-Popayán y La Dorada-Chiriguaná), es evidente que el crecimiento del sector de obras civiles –cercano al 4 % durante el primer trimestre de este año– obedece a la dinámica que hoy imprimen las ciudades capitales y algunos proyectos regionales.
El metro de Bogotá es muestra de ello: hoy su avance supera el 57 %, con un viaducto de poco más de seis kilómetros construidos. Enorgullece saber que tan pronto entre a operar, en 2028, la ciudad tendrá –por qué no decirlo– el metro más eficiente de Latinoamérica, con una capacidad hora sentido de 72.000 pasajeros. Se trata de una cifra que, en la región, solo será superada por el metro de São Paulo.
Resulta tan paradójico como difícil de entender que, mientras las críticas de algunos adalides del Gobierno retumban en contra de la participación privada, la administración Petro opte por estructurar y licitar los proyectos de infraestructura mediante el modelo de APP
Otro caso que corrobora el impulso que los territorios le están dando al crecimiento del sector de la infraestructura es Puerto Antioquia, en el golfo de Urabá. Es una terminal multipropósito que hoy tiene índices de avance del 95 %, una inversión de US$ 764 millones y, según los cronogramas, entrará en operación el próximo mes de noviembre.
Proyectos como estos –que reflejan el empuje de las ciudades capitales y las regiones– difícilmente serían una realidad sin el concurso de los actores privados. Tampoco habrían sido posibles sin el esquema de vigencias futuras, que, en pocas palabras, es la médula espinal que soporta la financiación de las obras concesionadas.
De cara a lo anterior, resulta alentador el hecho de que las vigencias futuras se hubiesen incluido en el ‘Marco fiscal de mediano plazo 2025’. Ahora el reto está en mantenerlas en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 y en garantizar su pago oportuno.
Apostilla. Valga insistir en el imperativo de echar a andar las iniciativas privadas de El Dorado Max, el aeropuerto de Cali, el nuevo aeropuerto de Bayunca en Cartagena y la IP Conexión Centro, así como la iniciativa pública de la carretera Villeta-Guaduas. Hoy tales proyectos hacen fila ansiosos en la ANI y el Minhacienda.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
* Columna de opinión extraída del diario El Tiempo pubicada el 26.07.2025
