A la luz de los planteamientos del actual gobierno en sentido de apostar por el desarrollo de infraestructura con participación de actores regionales y comunitarios, surge un interrogante de fondo: ¿Cuáles son allí las oportunidades, los retos y su viabilidad?
El Plan Nacional de Desarrollo PND, expedido como ley 2294 del 2023, contiene importantes disposiciones en la relación con la construcción de infraestructura social y productiva en las diferentes regiones del país. Además incorpora normas sobre la forma en la cual se puede conseguir el desarrollo de la mencionada infraestructura, modificando disposiciones aplicadas a la contratación púbica e introduciendo obligaciones y requisitos en la celebración y ejecución de los contratos a los que haya lugar.
La necesidad de mayor inclusión en Colombia es un hecho. La conveniencia de conseguir desarrollo regional también lo es. La importancia de conseguir más y mejor infraestructura social y productiva no está en duda. Sin embargo el gobierno nacional intenta con el PND un difícil balance al combinar los anteriores deseos, apostando a que actores regionales y comunitarios tengan ventaja en la celebración de los contratos con los cuales se construya la denominada infraestructura social.
Para empezar bien vale la pena citar el artículo . . .
(Extracto del artículo “Infraestructura Social: ¿Cuál es el Rumbo?” de la revista digital INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO No. 113)